martes, octubre 27, 2009

Legisladores y representantes de entidades de Sánchez Ramírez demandan para la provincia recursos de la minera Pueblo Viejo


Santo Domingo.- Diferentes instituciones y organizaciones de la provincia Sánchez Ramírez solicitaron al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional disponer la entrega directamente al Consejo de Administración de los Fondos Mineros de esa provincia, el cinco por ciento de los beneficios correspondientes al Estado dominicano por concepto de Impuestos sobre la Renta o de cualquier otro ingreso que se presente en el futuro.

Las entidades pidieron que dicha disposición sea incluida en la modificación del contrato de arrendamiento suscrito entre el Estado Dominicano y la Empresa Minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) para la explotación de los yacimientos mineros de Pueblo Viejo, Cotuí, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional.

Los representantes de las diferentes organizaciones hicieron la solicitud a través de un documento entregados a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, en la que participaron los diputados de la provincia Sánchez Ramírez, Cristian Paredes (PRD) y Rafael Molina Lluberes (PRSC).

El documento esta firmado, además, por el senador de esa provincia, Félix Vásquez Espinal y la diputada Gladis Soto Iturrino, así como representantes de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Sánchez Ramírez, del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, de la Parroquia Inmaculada Concepción de Cotuí, Ayuntamiento Municipal de Villa La Mata y Unión de Juntas de Vecinos de la provincia.

También por el Sindicato de Camioneros y Furgoneros Sánchez Ramírez, el Club Rotario Cotuí, el Club de Leones Cotuí y la Fundación para la Protección del Medio Ambiente Vida y Salud.

El diputado Cristian Paredes destacó el alto interés que representa para el desarrollo del país y de manera particular para esa provincia, el contrato de referencia.

Dicho contrato fue suscrito el 25 de marzo del 2002 entre el Estado Dominicano, el Banco Central de la República, la Rosario Dominicana, S. A. y Placer Dome Dominicana Corporation, aprobado por el Congreso el 26 de agosto del 2002 y cuya modificación está en manos de una comisión especial de diputados para su estudio.

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