Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) anunciaron la celebración de un taller sobre los proyectos de Ley Orgánica sobre los Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social y el que Regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con el objetivo de informar a la sociedad civil y sectores interesados sobre la importancia de ambas iniciativas.
El presidente de la Comisión, Julio César Valentín, destacó que con esas iniciativas se amplían los mecanismos de participación de la población en la deliberación de los que es la cosa pública y se evita que los temas de discusión sean solo iniciativas de los legisladores.
El taller será celebrado el próximo martes 7 de agosto, a las diez de la mañana, en el Hotel Santo Domingo, según anunció durante una rueda de prensa el senador Valentín, PLD-Santiago, en la que participaron, además, el senador Rafael Vargas, PLD-Provincia Espaillat, y el director del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Marcos Villamán.
El proyecto de Ley Orgánica sobre los Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social nace con el espíritu de dotar a la población de los instrumentos necesarios para hacer valer sus derechos como verdadero soberano del Estado.
Mientras que el proyecto de Ley que Regula la Iniciativa Legislativa Popular constituye un desafío de los regímenes democráticos contemporáneos para eficientizar la gestión pública, incorporando la participación efectiva de los ciudadanos que integran una determinada sociedad.
Ambas iniciativas, autoría del senador del Partido de la Liberación Dominicana por San Juan, Félix Bautista, han sido discutidas en vistas públicas organizadas por la Comisión de Justicia del Senado.
Valentín entiende que es necesario que el ciudadano se empodere de estas herramientas de participación que le brinda la Constitución de la República, reconocida por estamentos nacionales e internacionales como instrumentos de avanzada y progresista.
La Constitución de la República, en su artículo 22, plantea una ampliación de la carta de derechos de ciudadanía que anteriormente se limitaba a elegir y ser elegido, estableciendo, además, el derecho a decidir mediante referendo (consultivo y aprobatorio) a proponer iniciativas populares, tanto legislativas como normativas, y a ejercer el derecho de petición y a denunciar las faltas de los funcionarios públicos.
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