En su sentencia, el TC confirmó la obligación de transparencia en todo el
Estado como forma de controlar la corrupción, declarando que aunque el nombre
permite identificar a las personas e individualizarlas, no se trata de un dato o
informaciones personales o íntimas.
“De modo que aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del
sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la
información pública, a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas
para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar
obstáculos a la corrupción en la administración pública”, señaló el TC en su
sentencia 0042/12, divulgada ayer.
La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que
el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la
sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó la Cámara de
Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan.
Muñoz Hernández consideró que la Cámara de Diputados solo le entregó
informaciones en las que hacía constar el número de asesores, la distribución
por bloques y el monto de los salarios, sin individualizar y sin mencionar los
nombres, porque debía esperar el consentimiento de los asesores.
La Segunda Sala del TSA acogió la acción de amparo, argumentando que los
nombres, cargos y salarios no eran de carácter confidencial, pero la Cámara de
Diputados recurrió esa sentencia en revisión ante el TC.
Acción de amparo de ciudadano
La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó la Cámara de Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan.
La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó la Cámara de Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan.
Este domingo, el Tribunal
Constitucional tomó una decisión sobre este caso y ratificó una sentencia
anterior del Tribunal Superior Administrativo que le ordenó entregar
informaciones sobre los nombres y salarios de los asesores de ese
hemiciclo.

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