Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados y candidato a senador por Santiago, Julio César Valentin, favoreció la modificación del Código Procesal Penal para ser más severo con el narcotráfico, violaciones sexuales, secuestro, sicariato y demás manifestaciones del crimen organizado.
Sin embargo, el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostiene que muchas veces jueces, fiscales y agentes de los organismos de seguridad del Estado quieren atribuirle al Código las deficiencias y debilidades que ellos cometen en el cumplimiento de sus funciones.
Dijo que la mala percepción que tiene la población como consecuencia de sentencias cuestionables que se han producido en varios tribunales del país están afectando el prestigio y la buena imagen que había logrado el Poder Judicial en la última década.
Valentín calificó como preocupante el hecho de que la ciudadanía perciba que se está produciendo un retroceso en ese importante Poder del Estado.
El diputado del PLD por Santiago reconoció la soberanía que tienen los jueces a la hora de emitir una sentencia, sin embargo recordó que los magistrados deben tomar en cuenta la protección de la libertad y el patrimonio del ciudadano; pero también los efectos negativos que dicho fallo puede provocar a la sociedad.
Entrevistado en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Valentín advirtió el peligro a que se expone la sociedad si tratan con manos suaves al narcotráfico y al crimen organizado.
El presidente de la Cámara de Diputados pidió a los sectores, sobre todo los que tienen que ver con la persecución y sanción de esos delitos, a unificar esfuerzos para enfrentar un monstruo que amenaza la simiente del estado Dominicano.
“Pero particularmente lo que me preocupa es la mala percepción que se está apoderado de la población en cuanto a las sentencias que están emitiendo algunos tribunales que obviamente afectan la buena imagen que se había ganado el poder judicial desde 1998”, reiteró.
Agregó que carece de explicación lógica que un juez envíe a prisión a un ciudadano por la posesión de algunos gramos de estupefaciente, y luego ponga en libertad a un narco apresado con 50 kilos de cocaína.
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