Santo Domingo.- El Senado aprobó en segunda lectura, en la sesión de este martes, el Proyecto de Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito.
La pieza legislativa tiene por finalidad instituir el sistema nacional automatizado y uniforme de declaraciones juradas de patrimonio, establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad.
También, facilitar la coordinación institucional, promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas que le permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.
La iniciativa es de la autoría de los senadores Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti.
Previo a su aprobación, el senador Domínguez Brito, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que el Senado tomó una decisión transcendente con la sanción de esta importante pieza, agregando que con iniciativas como estas se procura la transparencia del Congreso Nacional.
La pieza establece en su artículo tres que los funcionarios obligados a declarar deben, dentro de los 30 días siguientes a su designación o elección, presentar un inventario certificado por un contador público autorizado y jurado ante notario público, de los bienes que constituyen su patrimonio y el de su cónyuge o compañero permanente, si lo tuviere.
En la sesión de este martes, los senadores aprobaron, además, 100 contratos de ventas de inmuebles entre el Estado y particulares.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Tommy Galán, leyó el informe sobre el contrato de venta del 49 por ciento de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) a Venezuela por parte del Estado dominicano.
Los senadores decidieron conocer este contrato en la próxima sesión que fue convocada para el miércoles 23 de junio, a las 3:00 de la tarde.
De igual modo, el Senado designó a los legisladores Prim Pujals, Francis Vargas, Andrés Bautista, Tommy Galán y Charlie Mariotti para que formen parte de la comisión bicameral que trabajará en la adecuación de los nuevos artículos contenidos en la Constitución proclamada el 26 de enero.
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