Santo Domingo.- La fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, confirmó que la representante del Ministerio Público que pidió variar la medida de coerción contra los acusados del fraude por más de 100 millones de pesos en contra de la Dirección General de Aduanas tiene un hijo que trabaja en esa institución. Berenice Reynoso dijo que el hijo de la presidenta de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Calderón podría ser investigado en relación al fraude.
En ese sentido, Berenice Reynoso criticó la decisión de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santiago, que preside Calderón, de variar la medida de coerción de ocho meses de prisión que dictó el tribunal de Atención Permanente, por una garantía económica de dos millones de pesos a cada uno de los involucrados en el supuesto desfalco.
La fiscal dijo que la decisión de Calderón no es coherente con la política que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de la corrupción.
Berenice Reynoso fue entrevistada al participaba en una reunión con el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, fiscales adjuntos, el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Matero, para coordinar acciones para combatir el crimen organizado.
De inmediato el procurador Jiménez Peña anunció que llamará a Calderón para que explique el porqué de su decisión.
Los implicados en el fraude millonario son Adalberto Rosa Rosario, ex subcolector de Aduanas; Miguel Ángel Lazala y Gerard Estévez Peña, a quienes la Sala Penal de la Corte de Apelación les impuso una garantía económica de dos millones a cada uno, impedimento de salida del país y presentación todos los días 30 de cada mes por ante la fiscalía.
La fiscal precisó que el caso del desfalco tiene todas las características de criminalidad organizada y explicó que no concibe que actualmente haya cientos de personas en las cárceles por delitos de menor magnitud que los cometidos por los imputados.
La sala penal de Apelación de Santiago, acogió el pedido de la defensa de los imputados, de la dirección de Aduanas y de la Procuraduría de Corte de Apelación, alegando que se trataba de un delito económico.
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