Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) detectó una red mafiosa de cuatro empresas y una persona física que de manera fraudulenta contra el Estado dominicano que vendía comprobantes fiscales a otras para que éstas se descontaran los impuestos a pagar al fisco. El fraude envuelve un monto global superior a los RD$500 millones.
Sin embargo, el monto puede aumentar porque este jueves ya habían sido detectadas tres empresas más, por lo que ahora suman ocho las compañías que se estaban dedicando a la venta de comprobantes fiscales sin ofrecer ningún servicio bajo la asesoría de dos agentes impositivos que han sido agrupados en la red sometida a la justicia y a los que se le solicitó la cancelación de sus licencias para operar, en el Instituto de Contadores y el Colegio Dominicano de Contadores.
Uno de estos asesores “ayudaba” a 25 de las 80 pequeñas empresas vinculadas sólo a Dragonfly S.A., empresa principal del fraude en el que se detectaron las primeras cuatro empresas.
“Esperamos que se vea que los mecanismos de la DGII no pueden ser vulnerados tan fácilmente”.”
Sin embargo, el monto puede aumentar porque este jueves ya habían sido detectadas tres empresas más, por lo que ahora suman ocho las compañías que se estaban dedicando a la venta de comprobantes fiscales sin ofrecer ningún servicio bajo la asesoría de dos agentes impositivos que han sido agrupados en la red sometida a la justicia y a los que se le solicitó la cancelación de sus licencias para operar, en el Instituto de Contadores y el Colegio Dominicano de Contadores.
Uno de estos asesores “ayudaba” a 25 de las 80 pequeñas empresas vinculadas sólo a Dragonfly S.A., empresa principal del fraude en el que se detectaron las primeras cuatro empresas.
“Esperamos que se vea que los mecanismos de la DGII no pueden ser vulnerados tan fácilmente”.”
En rueda de prensa, Germania Montás, directora en funciones de Impuestos Internos y la fiscalía del Distrito Nacional anunciaron el sometimiento a la justicia de Pavel Storkan, un extranjero de nacionalidad checa, como el responsable de la empresa Dragonfly Comercial S.A., que junto a otras vendía números de comprobantes fiscales (NCF) a por lo menos 80 medianas empresas y particulares en una acción fraudulenta, porque a pesar de que estaba legalmente registrada y operaba con su registro mercantil, no vendía nada, ni importaban ningún artículo, ni tiene almacén ni oficina, sino que era sólo un nombre para cometer el fraude.
Según las investigaciones el fraude cometido contra el Estado sólo por Dragonfly representa RD$313 millones por facturar sin pagar impuestos.
En la misma acción fue sometido ante la justicia Geraldo Matos y Franklyn Peguero, señalaron la directora en funciones de la DGII; y el fiscal del Distrito Alejandro Moscoso Segarra, en la rueda de prensa, junto al subdirector jurídico de la DGII, Roberto Rodríguez y el abogado Luis Miguel Pereyra, quienes llevaron el caso a los tribunales.
Es el primer caso penal por falsificación de documentos con NCF fraudulentos según dijo Montás, quien agregó que se trata de una asociación de malhechores compuesta por empresas, personas y asesores tributarios.
La directora en funciones de la DGII dijo que la empresa Dragonfly se constituyó en noviembre 2008 y a mayo de 2010 no había presentado los documentos fehacientes de los comprobantes fiscales que había emitido, “era una empresa inexistente económicamente porque no tiene almacén, no tiene oficina y sólo tiene un nombre para fines de fraude”.
La fábrica de hacer facturas, o comprobantes válidos para fines fiscales se constituyó con el único propósito de que otras empresas descontaran esos gastos y redujeran los impuestos a pagar.
Moscoso Segarra dijo que la sanción penal, en caso de ser declarados culpables, es de hasta diez años de prisión.
Indicó que recibió la denuncia de la DGII el 14 de agosto pasado y que ayer presentaría una tercera medida de coerción contra otra de las personas involucradas.
Las empresas facturaban diversos bienes, desde ropa, langosta, materiales eléctricos, equipos de computación, entre otros.
Según las investigaciones el fraude cometido contra el Estado sólo por Dragonfly representa RD$313 millones por facturar sin pagar impuestos.
En la misma acción fue sometido ante la justicia Geraldo Matos y Franklyn Peguero, señalaron la directora en funciones de la DGII; y el fiscal del Distrito Alejandro Moscoso Segarra, en la rueda de prensa, junto al subdirector jurídico de la DGII, Roberto Rodríguez y el abogado Luis Miguel Pereyra, quienes llevaron el caso a los tribunales.
Es el primer caso penal por falsificación de documentos con NCF fraudulentos según dijo Montás, quien agregó que se trata de una asociación de malhechores compuesta por empresas, personas y asesores tributarios.
La directora en funciones de la DGII dijo que la empresa Dragonfly se constituyó en noviembre 2008 y a mayo de 2010 no había presentado los documentos fehacientes de los comprobantes fiscales que había emitido, “era una empresa inexistente económicamente porque no tiene almacén, no tiene oficina y sólo tiene un nombre para fines de fraude”.
La fábrica de hacer facturas, o comprobantes válidos para fines fiscales se constituyó con el único propósito de que otras empresas descontaran esos gastos y redujeran los impuestos a pagar.
Moscoso Segarra dijo que la sanción penal, en caso de ser declarados culpables, es de hasta diez años de prisión.
Indicó que recibió la denuncia de la DGII el 14 de agosto pasado y que ayer presentaría una tercera medida de coerción contra otra de las personas involucradas.
Las empresas facturaban diversos bienes, desde ropa, langosta, materiales eléctricos, equipos de computación, entre otros.
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