El proyecto incluye reformas al Código Penal y, entre ellas, una que castiga
las expresiones eventualmente ofensivas contra el presidente y el vicepresidente
de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el
procurador general de la República con penas de cárcel de dos a tres años y
multas equivalentes a entre siete y nueve salarios.
“Esta disposición que ya aprobó, en primera lectura, la Cámara de Diputados
dominicana, eleva a la difamación e injuria al rango de delito penal, cuando
toda la jurisprudencia producida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
va en la dirección exactamente opuesta”, advirtió Claudio Paolillo, presidente
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
Dijo que si el Congreso dominicano continúa por este camino y acaba
sancionando definitivamente esta reforma, “sentará un precedente enormemente
negativo, no sólo para ese país, sino para toda la región”.
El artículo 191 de la ley que está siendo discutida en el Congreso dice que
constituye injuria el hecho de proferir públicamente a otra persona, física o
moral, “cualquier expresión afrentosa, invectiva o que encierre término de
desprecio”, lo que significa otra contravención a la doctrina proclamada por los
países miembros de la OEA que favorece la despenalización de los delitos de
palabra o contra el honor.
Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, declaró
que “condenar a prisión a un periodista constituye una violación a la libertad
de información y al derecho que tienen los ciudadanos a ser y estar
informados”.
La prensa dominicana reaccionó frente a este intento de los legisladores por
entender que sanciones de esta naturaleza buscan inhibir a los periodistas para
expresarse sobre las principales figuras públicas y reducir la capacidad de
crítica de la prensa hacia el gobierno.
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