Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina se reunió este miércoles en el Palacio Nacional, con la abogada Laura Acosta Lora, con quien conversó sobre el caso de los terrenos próximo a Bahía de Las Águilas en Pedernales, Suroeste del país.
Luego de la reunión, Acosta Lora, conocedora del caso e introducida a la casa de Gobierno por el comunicador Huchy Lora a solicitud del gobernante, advirtió que si ésta transacción que pretende el gobierno con los que “poseen títulos” de esas tierras se legitimaría el fraude contra el Estado.
Asimismo, aseguró que muchos de esos terrenos están dentro del área protegida del Parque Jaragua, “el único pedacito que está fuera del área protegida es la zona donde está la cementera de Cabo Rojo y un pedacito antes de entrar a Bahía de las Águilas”.
Dijo que le informó al mandatario que los terrenos de Bahía de las Águilas son propiedad del Estado dominicano y que las personas que aparecen con títulos que provienen de Reforma Agraria no son los propietarios originarios.
“Ahí hay dos únicos propietarios, que es el Estado dominicano y en la 215-B otra familia que siempre ha tenido esos títulos desde el año 1908, hay dos únicos propietarios desde hace más de 100 años y que no es posible cederlo (los terrenos) en virtud de títulos obtenidos de manera fraudulenta”, sostuvo la profesional del derecho.
Acosta Lora reveló que el presidente Medina escuchó con mucha atención cada cosa que yo he repetido y ustedes hay oído cien veces, “eso mismo que yo he dicho le repetí el Presidente, que nos pidió que lo repitiéramos de nuevo y escuchó con mucha atención”.
Aclaró que no le hizo ninguna sugerencia sobre este caso al Presidente Medina, que solo se limitó a decirle y a enseñarle las pruebas de todo lo que ha dicho sobre litis con los terrenos, que reiteró son propiedad del Estado.
No obstante, insistió en que lo que procede es anular esos títulos de propiedad obtenido de manera fraudulenta.
Tras recordar que ese caso está en los tribunales, afirmó que la solución del mismo se ha atrasado porque el propio Estado es quien ha solicitado los aplazamientos, “pero si hay ahora voluntad del Estado de acelerar las cosas…todo con voluntad se puede”.
Se recuerda que el gobierno utiliza como argumento el acuerdo transaccional que pretende llegar con los poseedores de “títulos”, a que la litis podría durar unos 40 años en los tribunales, y que el Suroeste no puede esperar para emprender su desarrollo.
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