Santo Domingo.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo
(AEIH) consideró que el presidente Danilo Medina actúa sobre la base de la
Constitución al procurar compensaciones adecuadas para el país en el caso del
contrato suscrito entre el Estado dominicano y Barrick Pueblo Viejo.
En ese sentido, la AEIH, que preside Víctor Castro, descartó que el
mandatario haya puesto juego la seguridad jurídica con su postura frente a la
minera y manifestó que el orden legal siempre debe construtirse para “proteger
el interés nacional por encima de cualquier otro”.
La organización empresarial apoyó un proceso de diálogo distendido,
racional, técnico y transparente entre las partes (Barrick Pueblo Viejo y
Gobierno) para alcanzar un avenimiento en el que el país –dueño del oro en la
mina de Cotuí- no salga perjudicado, pero que tampoco sea lesionada la
inversión extranjera.
La AEIH se refirió al artículo 50 párrafo 3 de la Carta Magna que, al
normar la libertad de empresa, estrablece: “El Estado puede otorgar concesiones
por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explotación
de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando
siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al
interés público y al equilibrio medioambiental”.
Sostuvo que de esa previsión constitucional se desprende que el
Estado tiene una responsabilidad primaria con los ciudadanos que habitan el
país y debe velar por el patrimonio nacional, que es todos, evitando las
componendas de cualquier naturaleza contra del interés público.
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