La información la ofreció el director general del organismo, doctor Marino
Vinicio Castillo, quien dijo que conocerán cada uno de los casos y que si
detectan violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa lo que
manda es ordenar la reposición de esos servidores públicos.
“El Ministerio de Administración Pública ha estado remitiendo a la DGIG casos
de empleados y funcionarios que han sido despedidos, pero que alegan que no
pueden ser despedidos porque están dentro de la carrera administrativa, entonces
nosotros hemos abierto una serie de audiencias y entrevistas para conocer sobre
esos casos”, sostuvo Castillo.
Explicó que en la audiencia de este viernes conocer los casos de despidos se
han producido en la Contraloría General de la República para conocer la versión
de los empleados y luego se reunirán con los funcionarios del organismo oficial
para que también fijen su posición al respecto.
“El lunes hay entrevistas, porque vamos a recibirá un grupo de empleados de
la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, quienes también elevado quejas y
entonces vamos a ir conociendo y tocando a los incumbentes para que den sus
explicaciones”, apuntó.
Entrevistado acerca de las cantidades de queja que han llegado a su despacho,
Castillo precisó que hasta hoy al mediodía había recibido cerca de 14 denuncias
de cancelaciones supuestamente en violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.
“Eso ahora se va a reubicar y clasificar lo qué es carrera, lo que no es
carrera o pueden estar en carrera conforme a la legislación anterior, que tienen
un derecho diferente de menor alcance que en la nueva ley, es decir eso se va
a determinar”, agregó el funcionario.
Sin embargo, advirtió que en todos los casos va a hacer cumplir la ley,
porque lo que la ley ordena es lo que se debe respetar.
De acuerdo con la Constitución de la Republica la destitución de un
funcionario de carrera es nula de pleno derecho, porque es un acto contrario a
su indicación.
“Es decir, ningún incumbente puede desconocer eso, porque la Constitución se
encarga independientemente de que la Ley de Administración Pública le ratifique,
es una protección constitucional para esos empleados”, precisó.
Al Ministerio de Administración Pública han llegado las diferentes queja y
ese organismo ha apodera de las mismas a la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental, entidad que tiene competencia conocer esos casos y
darles el curso que establece el decreto mediante el cual fue creada.
Recientemente el ministro de Administración Pública advirtió a los
funcionarios del gobierno que son pasibles de ser sometidos a la justicia y en
violación a la ley cancelan funcionarios y empleados que pertenecen a la
carreta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario