Santo Domingo.- La Cámara de Diputados rechazó este martes las modificaciones que le introdujo el Senado al Código Procesal Penal (CPP).
El pleno de la cámara baja acogió una petición de su presidente, Abel Martínez, que contó el voto favorable de 110 legisladores y tres en contra.
La iniciativa vuelve al Senado para su estudio ponderación y aprobación. Previo a la aprobación, Abel Martínez dijo que el Código Procesal Penal ha sido aprobado en cinco ocasiones por la Cámara de Diputados.
Expresó que el país necesita un CPP acorde con el tiempo que se está viviendo en la República Dominicano, y que combata efectivamente la delincuencia.
Además que cierra la breza de los actores del sistema que buscan el CPP la excusa para que los delincuentes estén en las calles.
En sentido, dijo que el Senado en sus atribuciones constitucionales les hizo algunas modificaciones al CPP, que sectores de la vida nacional preocupados por auge de la delincuencia como el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, que han estado en desacuerdos y contrariando el informe de la Cámara de Diputados.
“Discusiones amplia, seria y con responsabilidad de la comisión de justicia, que preside Demóstenes Martínez.
Por esa razón, pidió al Pleno de la cámara de baja rechazar las modificaciones introducidas en el Senado al CPP.
Se recuerda que el procurador general, Domínguez Brito, se quejó por las modificaciones aprobadas por la Cámara Alta se incluye que el tiempo máximo de duración del proceso se inicie a partir del momento en que se reciba la querella o se inicie la investigación policial y no desde cuando se solicita medida de coerción, que es como ocurre ahora.
Explicó que de aprobarse así se abriría una compuerta a favor del crimen organizado, pues bastaría con que alguien introduzca una querella, aún sin la recopilación de los elementos de pruebas, para que empiece a correr el plazo máximo de duración del proceso y entonces éstos criminales sean librados de la persecución judicial.
Advertía que en casos de delitos de “cuello blanco” bastaría una denuncia planificada para vencer los plazos de la prescripción
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